La era digital y la sociedad civil para velar por el interés general. Una oportunidad de construir un nuevo sistema democrático y comprometido, basado en la transparencia y el control ciudadano de las instituciones del Estado.
En el mismo sentido en el que me vengo pronunciando en anteriores artículos, creo que en la actual era digital, la sociedad civil puede desempeñar un papel crucial en la mejora y control del sistema. Un desarrollo real de la democracia es posible, reforzando, desarrollando y dando sentido a una verdadera democracia de largo plazo. Un sistema que, actualmente, creo que adolece de cortoplacismo y conflicto de interés permanente.
Cortoplacismo, puesto que considero que una duración de cuatro años de legislatura es del todo insuficiente para afrontar los retos a los que la humanidad y el planeta se enfrentan a día de hoy. Retos que son de largo plazo: el cambio climático, la reducción de las desigualdades y una justicia fiscal que den cabida a una mayor justicia social y a la sostenibilidad de la vida en el planeta.
Conflicto de intereses, puesto que creo que las clases políticas están más pendientes de su reelección y permanencia en el poder que de hacer una verdadera política constructiva, desde la diversidad y el diálogo compartido en aras del interés general.
Desde la tradicional separación de poderes planteada por Montesquieu a finales del Siglo XIX y comienzos del Siglo XX entre poder legislativo, ejecutivo y judicial como principal modo de garantizar una correcta atención del mencionado interés general en las democracias modernas, se ha sucedido la aparición de nuevas formas de poder en el sistema. A dicha separación de poderes en la que el poder legislativo se presenta como el encargado de la aprobación de leyes que establezcan las normas del juego para todas las personas, junto al poder ejecutivo como encargado del gobierno del Estado y al poder judicial como garante del respeto de la ley por todas las personas, le siguieron otros. El llamado cuarto poder, en referencia a los medios de comunicación hablados, escritos y más tarde, los audiovisuales, fue haciendo aparición a medida que se iban produciendo avances tecnológicos como la imprenta, la radio y la televisión.
En la actualidad, la era digital que se inicia a finales del Siglo XX y se consolida y desarrolla en el Siglo XXI de la mano de la aparición de Internet primero y más tarde con la digitalización de medios de producción y comunicación, surge el quinto poder.
La crisis financiera de 1929, la caída del muro de Berlín en 1989 y la crisis de la economía global en 2008 creo que son algunos de los acontecimientos históricos que vienen poniendo cara a este devenir.
Actualmente conviven, desde mi punto de vista, distintas realidades en cierto modo antagónicas. Por un lado, la tecnología actual hace posible el acceso de los poderes del Estado a información relativa a las personas que puede vulnerar el derecho a la intimidad y, por otro lado, esas mismas tecnologías, suponen una fuerte democratización de la información y hacen posible que cualquier particular pueda influir en la opinión pública.
Creo que se trata de realidades que requieren regulación específica y la adecuación de la normativa actual a las mismas. Una revisión total que sería deseable que fuera fiscalizada por la sociedad directamente. Pienso que hoy en día sería posible hacerlo. Existe la tecnología necesaria. La generalización de certificados digitales y la firma digital pueden ser algunos de los medios que lo hagan posible. España es un país que durante esta pandemia ha hecho gala de su infraestructura tecnológica. Qué duda cabe de que aún hay muchas cosas por mejorar y que la brecha digital deja a parte de la población fuera de juego. Sin duda, desde esta perspectiva, son mejoras imprescindibles para dar cabida a todo el mundo sin dejar a nadie atrás.
Al mismo tiempo, nos encontramos ante el reto de acabar con la economía sumergida, así como de instaurar una transparencia real de nuestros políticos e instituciones y pienso que sería posible incentivar el ejercicio real de todo ello por parte de todos, mediante políticas fiscales que lo premien de forma clara y contundente.
Pienso que la contribución al erario público es un deber de todos, pero también pienso que es un derecho de todos fiscalizar y orientar la utilización de los fondos públicos, que son de todas las personas. En este sentido, creo además que las clases más humildes son, de hecho, las más comprometidas en el sentido de la proporcionalidad de su contribución a sus niveles de renta y patrimonio. Pienso que es una oportunidad para los más humildes, dejar patente que su nivel de contribución, es decir de compromiso, está por encima de los más pudientes en proporción al nivel de rentas y patrimonio de cada quien. Es una realidad, que son los más pudientes quienes acceden a una mayor optimización fiscal por contar con más medios para ello y que incluso burlan sus obligaciones accediendo a paraísos fiscales.
Hoy en día está ya sobre la mesa y al alcance de todos, que existen los medios para lograr una justicia fiscal que financie todo ello, sin necesidad de privar a nadie de su capacidad adquisitiva real y con la posibilidad de elevar la de los menos pudientes mediante un desarrollo efectivo de la justicia fiscal. Ver Art. 21. Libertad, democracia, responsabilidad, fraternidad y compromiso con la igualdad.
La oportunidad de utilizar la tecnología digital en beneficio de todas las personas sin atentar contra ninguna de ellas, permitiendo a los más pudientes mantener su forma de vida y haciendo posible una mejora efectiva en la vida de los menos pudientes, evitando la acumulación ineficiente de recursos y favoreciendo la redistribución de la renta. Sin duda alguna, veo la posibilidad real de instrumentar mecanismos que permitan hacerlo.
Imaginemos una plataforma digital en la que brindar la posibilidad de que cada persona, desde su libertad y de forma anónima (al menos en su vertiente pública) pueda volcar sus datos de renta y patrimonio, aunque en una primera instancia tenga únicamente un valor declarativo. Imaginemos que además se pueda ofrecer la posibilidad de dar la posibilidad de otorgar una representación legal en favor de un equipo cualificado, con el único objeto de validar dicha información y rectificarla en su caso, siempre respetando el derecho a la intimidad. Todo ello a cambio de obtener con ello la capacidad de intervención en los mecanismos de poder del estado. Imaginemos un marco jurídico concebido, diseñado e implementado para dotar a todo ello de la seguridad jurídica necesaria. Hoy en día, salvo error u omisión, existe una normativa que apunta en esa dirección, como es la Ley Orgánica 4/2006, de 26 de mayo, de modificación de la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, reguladora de la iniciativa Legislativa Popular.
Imaginemos un marco jurídico que permita dedicar el 0,7% de la renta a este efecto pudiendo utilizar la casilla 106 para financiar posibilidades como la descrita e incluso para acabar con la brecha digital. Un marco jurídico que además fomente de manera clara el pago de impuestos de manera proporcional y con ello favorezca el compromiso, la participación y la equidad para todas las personas.
No soy una persona especialmente cualificada para profundizar en todo esto, pero sí para darme cuenta de las enormes posibilidades de empoderar a la sociedad civil para el control y guiado de las instituciones del Estado, así como para guiar su actividad en beneficio del interés general.
